Decaída en las empresas de seguridad privada
De las empresas de seguridad privadas inscritas en el país, solo unas 885 compañías están debidamente inscritas y vigentes, 301 tienen la licencia vencida y las autoridades aún no logran localizar a otras 527
Se está exigiendo un llamado a poner orden el cual no debe ser tomado a la ligera si consideramos que existen cerca de 28.313 vigilantes privados que están inscritos de manera adecuada, de los cuales 27.145 cuentan con permiso de portación de armas
De las empresas existentes el 65% de las 1.643 empresas de seguridad privada conocidas por las autoridades se encuentran operando en la informalidad. Las firmas llegan y se desaparecen con facilidad. La existencia efímera no es un fenómeno exclusivo de las empresas informales. También ha sido muy frecuente en las empresas con aspiraciones de acogerse a lo legal.
Más de 600 empresas aparecen en las listas de morosos de la Caja Costarricense de Seguro Social. Pero lo que nos tiene más preocupados se centra en las 527 empresas cuya localización se ha vuelto imposible para las autoridades.
Hace algún tiempo, esas 527 empresas inscribieron 6.010 armas ante el Ministerio de Seguridad Pública. Lo más preocupante es que en esta fecha, las compañías desaparecieron y por ende las armas. Los funcionarios de la Dirección de Servicios de Seguridad Privada se están esforzando por encontrar estas empresas y sus encargados, pero sin éxito alguno. O bien no se ubican en los sitios señalados en el registro, y si es que algunas de estas todavía existen, habrían incumplido el requisito legal de comunicar el traslado del negocio a otro local.
Las personas encargadas de regular a las empresas de vigilancia privada en conjunto con la Dirección de Armamento, encontraron motivos suficientes para denunciar ante el Ministerio Público a los encargados de 230 de las 527 empresas desaparecidas. El resto podría sufrir la misma suerte cuando concluya el proceso de recabar información.
Es alarmante que entre las armas que se encuentran desaparecidas hay pistolas y revólveres de alto calibre, tales como escopetas. La Fuerza Publica teme la posibilidad de que todo ese armamento haya podido parar en manos de la delincuencia. En suma, la revisión de los registros de la industria de la seguridad arroja un panorama de enorme y de preocupante desorden.
Más del 53% de la venta de servicios de vigilancia en el país se contrata con empresas informarles según podemos ver es necesario que se aplique la ley con más rigor.
La petición ante el llamado a poner orden no se puede tomar a la ligera si se considera la existencia de 27.145 vigilantes privados inscritos, de los cuales 26.145 tienen permiso de portación de armas. Esto nos alarma ya que esto puede ser considerado un ejército, muy superior en número a la Fuerza Pública. Si a los agentes inscritos se le suman los informales, con toda seguridad los números serían sorprendentes.
