Desorden en las empresas de seguridad privada
El llamado a poner
orden no debe ser tomado a la ligera si se considera que existen cerca de
27.513 vigilantes privados que estan inscritos, de los cuales 26.145 cuentan
con permiso de portación de armas
El 65% de las 1.643 empresas de seguridad privada conocidas por
las autoridades operan en la informalidad. Las firmas llegan y se esfuman con
facilidad. La existencia efímera no es un fenómeno exclusivo de las empresas
informales. También es frecuente en las empresas con aspiraciones de acogerse a
lo legal.
Más de 500
aparecen en las listas de morosidad de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Pero la mayor preocupación se centra en las 777 empresas cuya localización se
ha vuelto imposible para las autoridades.
Antes del 2016,
esas 777 empresas inscribieron 7.070 armas ante el Ministerio de Seguridad
Pública. Lo alarmante es que en esta fecha, las compañías desaparecieron y por
ende las armas. Los funcionarios de la Dirección de Servicios de Seguridad
Privada se esfuerzan por encontrar estas empresas y sus encargados, pero no han
tenido éxito. O bien no se ubican en los sitios señalados en el registro, y si
algunas todavía existen, habrían incumplido el requisito legal de comunicar el
traslado del negocio a otro local.
En conjunto con la Dirección
de Armamento, las personas encargadas de
regular a las empresas de vigilancia privada encontraron motivos suficientes
para denunciar ante el Ministerio Público a los encargados de 280 de las 777
empresas desaparecidas. El resto podría sufrir la misma suerte cuando concluya
el proceso de recabar información.
Entre las armas que se
encuentran desaparecidas hay pistolas y revólveres de alto calibre, tales como
escopetas. La Policía teme la posibilidad de que ese armamento haya podido
parar en manos de la delincuencia. En suma, la revisión de los registros de la
industria de la seguridad arroja un panorama de enorme y de preocupante
desorden.
Más
del 67% de la venta de servicios de vigilancia en el país se contrata con
empresas informarles según podemos ver es necesario que se aplique la ley con
más rigor.
El llamado a poner orden no
se puede tomar a la ligera si se considera la existencia de 27.513 vigilantes
privados inscritos, de los cuales 26.145 tienen permiso de portación de armas.
Esto nos alarma ya que esto puede ser considerado un ejército, muy superior en
número a la Fuerza Pública. Si a los agentes inscritos se le suman los
informales, con toda seguridad los números serían sorprendentes.
